Las multinacionales y los Derechos Humanos: ¿Conceptos irreconciliables?

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“El hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado siempre al mismo tiempo como fin”. Inmanuel Kant

Por Andrea Naranjo

La acogida mayoritaria  de la iniciativa que pretende fijar los parámetros de un documento internacional vinculante en materia de la responsabilidad de las transnacionales con los derechos humanos en el seno del consejo de Derechos Humanos organismo especializado de la Organización de Naciones Unidas, constituye uno de los avances más notables en el tema de las multinacionales y su deber social, el documento aprobado el pasado 26 de Junio y que sufrió fuerte oposición de los Estados Unidos, Japón, El Reino Unido y la Unión Europea, permite la creación de un grupo de trabajo interdisciplinario coordinado por la alta comisionada para los derechos humanos, encargado de  la elaboración de un instrumento normativo que regule las actividades de las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales y permita la sanción internacional ante sus vulneraciones[1].

El documento sin embargo no es novedoso, desde los setentas se ha planteado la necesidad de imponer cortapisas a este tipo de personas jurídicas, en el año 1998 de presentó por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos  un proyecto de resolución para la creación de un grupo de trabajo encargado de la elaboración de un marco normativo de responsabilidad, no obstante el documento no fue aprobado por el Consejo de derechos Humanos, en el año 2005 luego de encargo extendido hasta 2011 John Ruggie, Representante Especial del Secretario General sobre derechos humanos, presenta los principios rectores  y las bases de la responsabilidad de este tipo de empresas, cuya base se concentra en tres actores: para los Estados la obligación de garantía de derechos y protección de los ciudadanos ante abusos de las empresas y su deber como garantes en el acceso a los esquemas de justicia y reparación; por parte de las multinacionales el deber de respetar los derechos Humanos durante su actividad operativa y por parte de la sociedad para actuar como veedora de la actividad empresarial.

De las tareas  del encargado especial, se producen los siguientes documentos: el proyecto piloto de mecanismos eficaces de reclamación para las compañías/interesados, Informe de lecciones aprendidas, derechos humanos y derecho mercantil: tendencias y observaciones a partir de un estudio en varios países llevado a cabo por el Representante Especial. Los principios para contratos responsables y las Empresas y derechos humanos en regiones afectadas por conflictos: desafíos y opciones en las respuestas de los Estados.[2]

Las tareas desarrolladas por Ruggie pretenden ser continuadas con este nuevo intento aprobado por la Comisión de derechos Humanos y pretenden concretar un documento vinculante que se suma a los textos declarativos ya existentes sobre este tema especialmente las Directrices de la OCDE, la Declaración sobre las Empresas Multinacionales de la OIT y el Pacto Mundial.

Ejemplo paradigmático de los abusos de una empresa multinacional puede encontrarse en el diferendo limítrofe entre Uruguay y Argentina, ante la construcción de una planta de celulosa en los márgenes del Rio Uruguay, litigio que ha llevado a los dos Estados a una extensa  polémica que ha desembocado incluso en litigios internacionales, sin que por ahora se pueda determinar la responsabilidad de la empresa inicialmente Española y luego finlandesa encargada de la operación y receptora de los márgenes de utilidad de la producción, en suma una controversia internacional entre Estados con absoluta impunidad y silencio de la empresa.

EL RIO URUGUAY O LA IRRESPONSABILIDAD EMPRESARIAL.

El caudaloso Rio nacido en Sierra do Mar (Brasil), que atraviesa 1.800 Kms. de territorio Brasileño, Uruguayo y Argentino[3], centró las miradas del mundo en las implicaciones ambientales del desarrollo. La construcción de una industria pastera junto a la ribera del rio, dio paso a un debate jurídico, político y social,  que logró un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia.

El conflicto inició en el 2003, con los permisos que otorgó el Estado Uruguayo a la Empresa Española Nacional de Celulosas (ENCE), para la  construcción de una fábrica de celulosa en el margen izquierdo del rio, autorización expedida sin previa consulta a la CARU (Comisión Administradora Rio Uruguay) y al Estado Argentino. Uruguay además de notificar la decisión de apertura informó que para el 2004  se construiría otra planta esta vez del Grupo finlandés Botnia.

El caso fue presentado por argentina el 4 de mayo de 2006 ante el Tribunal internacional de Justicia que a su vez había sido convocada por Uruguay en abril del mismo año ante el sistema de controversias del Mercosur[4],  Argentina argumentó en la CIJ que además del inmenso daño ambiental en detrimento de los Arts. 36 y 41 del Estatuto de 1975, se había producido una inconsulta y arbitraria determinación unilateral de Uruguay, vulnerando los Arts. 7 y 12 del mismo estatuto. Constituyendo un “Hecho Internacionalmente Ilícito, que implicó la responsabilidad internacional de Uruguay”. Argumentando, la insuficiencia probatoria sobre el daño ambiental así como la onerosidad del daño económico, ante un eventual cierre de las industrias.

El fallo emitido en la causa, se destaca por ser el primer pronunciamiento del Tribunal en temas estrictamente ambientales, la decisión se concentró en determinar la responsabilidad del Estado demandado y los alcances del detrimento ambiental. En torno al primer asunto, determinó, la vulneración de los procedimientos de información temprana dispuestos en el  Estatuto del Rio, sin embargo indicó, que la mera “constatación de las violaciones, constituían, satisfacción suficiente para Argentina”, agregando que el acervo probatorio “no hay ningún elemento(…) que demuestre que la decisión de Uruguay (…)constituye una amenaza inminente  de daño irreparable al medioambiente acuático del Rio o a los intereses económicos y sociales de los habitantes ribereños[5]”

El proceso ha trascendido la esfera bilateral,[6], vinculando a múltiples actores, entre ellos,  la comunidad Gualeguaychu, habitante del sector que de manera decidida y valiente, constituyó una asamblea en contra la instalación de este tipo de industrias, argumentando “Las fábricas de pasta celulosa insumen para la producción de 1 millón de Toneladas de pasta, más de 300 millones de m3 de agua anuales que toman de ríos de agua dulce, de ése caudal de agua el 80% regresará contaminada al río, y un 20% quedará en el proceso de elaboración de pasta, evaporación de gases y para reciclaje de la producción química del proceso”[7]. Y procedió a cerrar el puente entre los dos Estados, iniciativa que sería disuadida ante el anuncio de denuncias penales y civiles contra los ambientalistas.

La oportunidad para precisar los riesgos e “implicaciones ambientales” del desarrollo y en suma de los alcances de la producción industrial para los ecosistemas así como la responsabilidad compartida de los Estados en su conservación y su explotación ha sido según criterio de expertos desaprovechada[8] igualmente, “la sentencia permite y fomenta, que un Estado Aproveche unilateralmente un recurso natural compartido, sin la consideración de la igualdad soberana sobre los recursos compartidos”[9].

Con la compra de la producción  hecha por la empresa  Finlandesa  UPM antes Botia y la solicitud al Estado Uruguayo para la aprobación del incremento de producción de la planta, ha reavivado el debate, ahora, la noticia de la reciente autorización del mandatario José Mujica para el aumento en producción a 1,2 millones de Toneladas Anuales desemboca en una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia anunciada por Argentina[10].

La decisión la Comisión de derechos Humanos, abre un nuevo capítulo en el debate sobre la responsabilidad social de las empresas y la necesidad de un documento normativo vinculante sobre su papel como garantes de derechos. Casos como el del Rio Uruguay son ejemplos de la debilidad de los Estados a la hora de controlar las entidades que se asientan en su territorio y la absoluta impunidad y anomia para vincular a las empresas internacionales ante denuncias en tribunales internacionales.

La convocatoria del consejo redactor, pretende erigirse como el primer hito internacional con valor normativo para limitar el accionar de los entes jurídicos multinacionales, así mismo constituye un llamado a los ciudadanos y sus gobiernos para vincularse de manera decidida a paliar los embates del desarrollo incontrolable y la producción violatoria de derechos Humanos.

NOTAS

[1]Véase la resolución aprobada A/HRC/26. L.22. Rev. 1. En http://comunicarseweb.com.ar/download.php?tipo=acrobat&view=1&dato=1403903316_HRC_resolution_A_HRC_26_L.22_Rev.1.pdf

[2]A/HRC/17/317Add.1. A/HRC/17/317Add.2, A/HRC/17/317Add.3: A/HRC/17/32 respectivamente.

[3] Su curso transcurre un 32% aproximadamente por territorio brasilero, un 38% forma límite entre Argentina y Brasil y un 30% forma limite entre Argentina y Uruguay. www.caru.org.uy. El transcurso de las Aguas así como la multiplicidad de recursos vivos en ellas contenidos, conminaron, la creación de un aparato normativo e institucional para su preservación, en 1976 se suscribe entre Uruguay  y Argentina, el ” El Tratado de Límites del Río Uruguay de 1961, posteriormente incorporado en el “Estatuto del Río Uruguay de febrero de 1975, conformando, la Comisión Administradora del Rio Uruguay, (CARU).

[4] MERCOSUR. Laudo del Tribunal arbitral AD HOC Decisión of 21 Junio de 2006 y Tribunal Permanente de Revisión Recurso de revisión  laudo N. 02/2006.

[5] Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. vs. Uru.). Application, May 4, 2006, en: http://www.icj-cij.org/docket/files/135/10779.pdf

[7] Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychu. PROCLAMA 2011 En http://www.noalaspapeleras.com.ar/

[8] Entre otros. Verónica Cipolatti. Caso Papeleras: el Fallo de la Corte Internacional de Justicia y sus repercusiones nacionales e internacionales. Grupo De Estudios Internacionales Contemporáneos. Argentina. P 1,6.BORRÀS SUSANA. El Desenlace Del Conflicto De La Celulosa: Argentina Vs. Uruguay. Revista Catalana De Dret Ambiental Vol. I – Núm. 1 (2010): 1 – 45. José Juste Ruiz; Valentín Bou Franch. El Caso De Las Plantas De Celulosa Sobre El Río Uruguay: Sentencia De La Corte Internacional De Justicia De 20 De Abril 2010. Revista Electrónica De Estudios Internacionales 2011. Pág. 1-31

[9] Anglés Hernández Marisol.. Fallo De La Corte Internacional De Justicia En Materia Ambiental. Evidenciado En El Asunto De Plantas De Celulosa Sobre El Rio Uruguay. Academia Colombiana De Derecho Internacional. Vol.  XI. 2011.P. 77-98

[10]Argentina presentará en La Haya una demanda contra Uruguay. Diario el Mirador. Junio 14 de 2014.http://diarioelmirador.com.ar/14131/argentina-presentara-en-la-haya-una-demanda-contra-uruguay.html

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