La etnoeducación en América Latina. El caso de Colombia: una deuda pendiente

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Andrea Del Pilar Naranjo

Tras la conmemoración de más de cuatro lustros de la promulgación de la Constitución Colombiana de 1991, que erige como característica del Estado colombiano el reconocimiento de la diversidad étnica y ante la reciente celebración de la tercera cumbre mundial de alcaldes y mandatarios afrodescendientes que reiteró la necesidad de posicional a la educación y la comunicación como ejes estructurales de desarrollo de los afroamericanos[1] y contando como telón de fondo el  hundimiento de la ley de igualdad de oportunidades para la población afrodescendiente, este texto, pretende efectuar una revisión de los avances de la inserción de la cátedra de etnoeducación, para insistir en la construcción mancomunada de un Estado efectivamente multicultural y pluralista, fundado en el respeto y el reconocimiento de nuestra identidad diversa.

Inicia el trayecto de reconocimiento

La Constitución de Colombia de 1991, fue producto de un amplio consenso nacional, en su elaboración, participaron indígenas, afrodescendientes, y campesinos junto con otros sectores sociales, lo que se patentó en la introducción de nuevas categorías de análisis y bases para la configuración de políticas de cultura, apoyadas en la diversidad y la pluriculturalidad (Artículos 1, 7 y 70 de la Constitución Política de Colombia de 1991 en adelante C.P.1991)

Disposiciones complementadas con el reconocimiento de la diferencia como presupuesto de la construcción del Estado Colombiano (Art. 13. C.P.1991), y la concepción de la educación como un bien social necesario para el acceso a los bienes culturales, y el respeto de los derechos humanos (Art. 67 C.P.1991).

No obstante, la gestación de las medidas etnoeducativas “ofrecidas a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos (…) ligada(s) al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones[2]” son previas a la Constitución de 1991, con programas piloto desde 1985, enfocados hacia la capacitación de docentes con especial énfasis en indígenas, y la apertura de centros de impartición de cátedras en San Basilio de Palenque y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, poblaciones en su mayoría con comunidades afrodescendientes.

Las iniciativas se desarrollaban bajo la égida de normas internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 Artículo 26. Num.2, en el Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos  del 16 de diciembre de 1966, en el Pacto Internacional de derechos Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales del mismo año; en la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de la discriminación racial de 1965 y en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de 1960 y en especial el convenio 169 de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, instrumentos que conminan a los Estados a comprometerse  en la formulación, desarrollo y aplicación de política nacionales de educación diferenciada.

Con la promulgación de la ley de Educación Nacional 115 de 1994, que  fija lineamientos de política para grupos étnicos, sobre criterios de integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad, Colombia pretende dar mayor aplicación a los derroteros internacionales. La norma regula además el proceso de incorporación selección y capacitación de educadores. Un año después, con el Decreto 804 de 1995, se reglamentaría parte de la ley de educación creando la cátedra de estudios afrocolombianos con el Dto. 2249 de 1995 y se establece la comisión pedagógica Nacional de Comunidades Negras.

Más allá de las normas

Dentro de las múltiples iniciativas provenientes de las mismas comunidades para la estructuración de las medidas etnoeducativas, se insiste en la inclusión de un plan de educación afrocolombiano, como parte del plan nacional de Educación, así como el fortalecimiento institucional de las unidades de educación afrodescendiente, indígena y raizal en el Ministerio de Educación Nacional, aparejado con una mayor destinación presupuestal a las instituciones de formación que implementen la cátedra, específicamente en el aula, junto con la capacitación de etnoeducadores y educadores inclusivos, incentivando la reescritura de textos y la dotación suficiente para un adecuado desarrollo de la cátedra y su inserción curricular, recomendación aplicable a los pueblos indígenas y las comunidades raizales y ROM.

Las medidas además se han fortalecido con la suscripción del convenio de apoyo financiero y técnico para el programa Proyecto Educativo Integral con Población Afrodescendiente, en el marco del Proyecto Metas Educativas 2021 y el programa  entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura – OEI y Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, por medio de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz – OEA[3]. Con estos mismos objetivos se ha iniciado la consecución de un proyecto educativo para la afrodescendencia 2010-2019, con una inversión de más de quinientos millones de pesos que redundaría en mayor acceso educativo a dicha población.

 A modo de conclusión: los resultados y las realidades

Las disposiciones descritas y la apertura constitucional han sido relevantes para establecer como un derecho el acceso a la educación diferenciada que respete la identidad, la tradición, la lengua, precisar sus objetivos hacia el fortalecimiento de los lazos culturales y dar los primeros pasos hacia el fomento del diálogo intercultural propiciando espacios de intercambio y construcción colectiva de identidad desde la diversidad, con el fin de contribuir al robustecimiento de “la capacidad social de los pueblos y comunidades para la gestión social de su patrimonio cultural y la apropiación y el manejo con autonomía de las tecnologías modernas de la información y la comunicación”[4], y en suma, garantizar los destinos culturales de sectores poblacionales históricamente relegados y forzados a aprender culturas foráneas de manera exclusiva.

Aunque también es destacable la asunción de la educación étnica dentro de la ley general de cultura de Colombia ley 793 de 1997. Y su reiteración en la Carta Cultural Iberoamericana aprobada en el seno de la Comunidad iberoamericana de Naciones que reconoce a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes como parte integrante de la cultura y de la diversidad cultural iberoamericana”[5] y exhorta a los Estados a “promover los elementos artístico-tradicionales de estas culturas, el conocimiento de sus valores, técnicas, usos e innovaciones”[6] , y más concretamente, establece la necesidad de “propiciar que, en las zonas donde habitan comunidades tradicionales e indígenas, los planes y programas de educación incorporen sus respectivas lenguas, valores y conocimientos con pleno reconocimiento social, cultural y normativo[7]”; son aún innegables las enormes diferencias sociales, la dispersión de las comunidades por causa de los desplazamientos forzosos producto de la violencia o la pobreza, los acendrados imaginarios de subordinación y marginación de las comunidades y la insuficiencia en su regulación, sumado a su ausencia en los recientes debates educativos y la elaboración de los planes de desarrollo territoriales, sin contar con las pugnas y conflictos que subyacen entre las autoridades legítimas de cada comunidad y la burocracia del Estado para controlar el sistema de financiación y administración de los programas pedagógicos, cátedras[8] y los esquemas de asignación de becas, han sido algunos de los obstáculos para su plena realización.

Ejemplo de esta precaria situación es el reciente hundimiento de la ley de participación y representación para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras archivada el pasado mes de abril en el congreso colombiano, proyecto que integraba múltiples acciones afirmativas en torno al acceso a sistemas de educación erigidos en la no discriminación cobijando niveles de educación básicos, medios y de educación superior, solicitando por ejemplo la modificación curricular para la introducción de cátedras de diversidad étnica y racial, pasando por financiación de estudios e investigaciones y la necesaria creación de una comisión de seguimiento a la educación afrocolombiana[9]. El archivo del proyecto demuestra el desinterés de los legisladores y la poca voluntad de los mandatarios nacionales, departamentales y municipales, para conjurar definitivamente la discriminación.

Es indispensable por tanto reconocer las deudas históricas con la comunidad afrocolombiana, raizal y palenquera, sobrepasar los discursos y las promesas electorales incumplidas y dinamizar los procesos de inclusión que partan desde la educación y la capacitación, acciones afirmativas que deben vincular a todos los sectores sociales y políticos haciendo especial énfasis en aquellos que ostentan el poder  legislativo y ejecutivo para que asuman de manera decidida la responsabilidad de divulgación, respeto e inclusión, en suma se tomen como propias las labores de reconocimiento y sensibilización sobre el verdadero significado de un Estado social pluralista y multicultural.



Abogada e investigadora independiente de la Universidad La Gran Colombia con Especialización en Derecho Constitucional. Universidad del Rosario, Bogotá Colombia y Maestría en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos Madrid. España.  Correo electrónico andreanar1900@hotmail.com.  Blog: http://elpendulocritico.blogspot.com/


NOTAS

[1] Tercera Cumbre mundial de alcaldes y mandatarios afro descendientes. Agenda temática. Cali- Cartagena Colombia. 2013.Disponible en http://cumbremundialalcaldesafro.com.

[2]Colombia. (1994) Ley Nacional de Educación  115 de 1994. Art 55

[3] Ver Noticias. Oficina Regional OEI.  Los grandes protagonistas de la visita de la Secretaria General de la OEI a Colombia, liderada por Álvaro Marchesi, fueron las Metas Educativas 2021 y el Programa Integral Educativo con Población Afrodescendiente. Disponible en http://www.oei.org.co/noticia10.htm

[4] Ver Compendio de políticas Culturales. Ministerio de cultura República de Colombia. Enero 2010 disponible en http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1825

[5] CARTA CULTURAL IBEROAMERICANA. XVI Cumbre Iberoamericana  de Jefes de Estado y de Gobierno Montevideo, Uruguay  5 de noviembre de 2006. Disponible en http://segib.org/cumbres/files/2006/01/Carta-cultural-iberoamericana.pdf

[6] CARTA CULTURAL Ibídem.

[7] CARTA CULTURAL Ibídem.

[8] Informe Sobre Tendencias Sociales Y Educativas En América Latina (2011). Sistema de información de tendencias Educativas en América Latina. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 2011. Disponible en http://www.siteal.iipe-oei.org/informe_2011

[9] Véase el texto íntegro del proyecto en http://www.mij.gov.co /Ministerio /Library /Resource /Documents /ProyectosAgendaLegistaliva/Igualdad%20de%20derechos8496.pdf

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