Cuarenta años después: Debate semánticos y realidades políticas urbi et orbe

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Julio Sau Aguayo.

Los apasionados debates en torno al significado de palabras o frases tales como dictadura; golpes de Estado; intervenciones  externas-armadas o no- en un país y su legitimación posterior; represión  estatal sistemática; excesos represivos individuales” explicables” y justificados ante amenazas a la seguridad nacional, incluidos asesinatos y desapariciones forzadas; apremios ilegítimos igualmente  justificables ejercidos sobre extremistas, terroristas  o combatientes enemigos; estado de sitio; amenazas a la democracia ante las cuales es justificable  la violencia militar y muchas expresiones similares han acompañado la historia de Chile y de buena parte del mundo durante los últimos cuarenta años. Y el debate, lejos de perder vigencia, ha reaparecido  con singular fuerza tanto en la vida política nacional como internacional.

En lo que a Chile respecta, el debate se centra en el golpe de Estado de 1973 y los 16 años de dictadura militar posteriores. Es decir, presuntamente versa sobre el pasado. Pero la imprevista actualización de este debate a raíz de la conmemoración de los cuarenta años del golpe del 11 de septiembre de 1973 está permitiendo que las nuevas generaciones descubran por si mismas el posicionamiento que los actores políticos y las personas individualmente consideradas adoptan  en el presente ante estos temas claves para cualquier régimen democrático. Salvo contadísimas excepciones individuales, los partidos de derecha, sus dirigentes y militantes y sus intelectuales orgánicos están acordes en sostener que no se trató de un golpe de Estado, sino de un pronunciamiento militar que impidió el caos y la guerra civil en Chile; que la represión desatada posteriormente contra miles de chilenos- incluyendo los miles de asesinados, detenidos desaparecidos, detenidos sin procesos, torturados, expulsados del país con prohibición de regresar a su patria y exilados- no fue una acción sistemática del Estado, sino que obedeció a excesos individuales de algunas autoridades de la época.

Esa misma derecha chilena sigue sosteniendo en 2013 que el gobierno de Pinochet no puede calificarse como una dictadura, sino apenas como un gobierno militar que normalizó la vida del país. Es decir, sostiene que un gobierno que clausure el Congreso, prohíba la existencia de partidos políticos, suprima las elecciones incluso en los sindicatos, intervenga militarmente las Universidades , establezca la censura como régimen normal de los medios de comunicación y reprima cualquier manifestación de oposición no es una dictadura. A lo más que ha llegado su actual candidata presidencial ( al menos quien figura como tal a inicios de septiembre del 2013) es a decir, con tono frívolamente burlón: “ democracia no era”.

Puestos a la defensiva ante la inesperada irrupción de programas televisivos de buena calidad que están revelando aspectos del periodo dictatorial hasta ahora desconocidos  por las nuevas generaciones de chilenos llamados a tomar los destinos del país en sus manos en un futuro próximo, los voceros de la derecha intentan reconducir el debate al contexto político existente en 1973. Las presuntas amenazas a la seguridad del país prevalecientes en ese año justificarían plenamente el golpe de Estado , legitimarían la dictadura cívico-militar y explicarían los  “excesos” criminales de “ algunos” personeros del régimen, según el increíble alegato de la derecha chilena en pleno siglo XXI. Queda de ese modo bien configurada la singular idea de la democracia de una derecha incapaz de realizar una autocrítica de su pasado represor, lo que puede tener peligrosas consecuencias para el presente y futuro político de Chile.

El reciente golpe de Estado en Egipto, el derrocamiento del Presidente Mohamed Morsi  y la imposición en tal cargo del general Abdul-Fattah el-Sisi han reposicionado en el presente varios de los temas que se están debatiendo retrospectivamente en Chile cuarenta años después del golpe de 1973. Y ello resulta aleccionador, ya que a pesar de las grandes diferencias de los contextos históricos, geopolíticos, culturales y epocales de ambos casos, los argumentos esgrimidos para intentar justificar el golpe de Estado en Egipto 2013 se parecen mucho a los que la derecha chilena sigue esgrimiendo para legitimar “ su” golpe de Estado 1973.

La primera semejanza dice relación precisamente con la expresión “ golpe de Estado”. En este punto resulta útil recordar que el derrocado Mohamed Morsi fue elegido democráticamente como presidente de Egipto hace poco más de un año y tras una dictadura militar de treinta años de duración; que fue una gran movilización social la que provocó la caída del dictador Mubarak, y  que tanto el Ejército egipcio como el gobierno de Estados Unidos se vieron forzados a retirar su apoyo a Mubarak ante la gran magnitud de la llamada “ primavera árabe”, permitiendo un proceso electoral democrático en el cual se impuso  Mohamed Morsi, líder político de la Hermandad Musulmana . El Ejército, sin embargo, impuso en la nueva Constitución una serie de condiciones ( conocidas en la transición chilena  como “ enclaves autoritarios”) que le aseguraban el control de la situación política egipcia: el presupuesto de Defensa no sería supervisado por el Parlamento, el ministro de Defensa debería ser un oficial de las Fuerzas Armadas y ocho de los quince miembros del Consejo de Seguridad, que tiene amplísimas atribuciones como garante de la estabilidad del país, deberían ser militares.

Los evidentes errores cometidos por el Presidente Morsi en la conducción política del país, el creciente sectarismo religioso de su régimen y las dificultades económicas crecientes que empezó a sufrir la población, hábilmente profundizadas por los poderosos partidarios del régimen militar anterior, provocaron que movilizaciones sociales parecidas a las que llevaron al poder a Morsi sirvieran de pretexto a las Fuerzas Armadas para deponer al recién elegido Presidente mediante un golpe de Estado, asumir el poder en la persona del jefe de los servicios de inteligencia y desatar una cruenta represión en contra del principal partido político egipcio, la Hermandad Musulmana, que ha sido proscrita. Ello dio como resultado inmediato más de 900 muertos en masacres en contra de la población civil movilizada en contra del golpe de Estado  y el inicio de un periodo dictatorial post Mubarak que constituye el caldo de cultivo de una probable guerra civil en Egipto.

No resulta nada novedoso para un ciudadano chileno de hoy que ni los partidarios del régimen militar egipcio ni el gobierno de los Estados Unidos, fuertemente comprometido con una Fuerzas Armadas a las que financia con 1.300 millones de dólares anuales, rechacen el calificativo de golpe de Estado referido al derrocamiento del Presidente elegido democráticamente y al  posterior control militar autoritario del país. Se trató, afirman, de una acción necesaria ante el caos al que estaba conduciendo al país el Presidente Morsi por su sectarismo religioso. La “ amenaza marxista y comunista” de los tiempos de Pinochet ha sido reemplazada por la “ amenaza musulmana” , posiblemente con ligas con el  “terrorismo”. Y las Fuerzas Armadas no han hecho sino impedir que el país se hunda en el caos. Ello justifica la represión ya ejercida y la que con seguridad habrá que ejercer en el futuro próximo. Poco importa que  el gobierno de Allende en 1973 y el de Morsi en 2012 hayan sido democráticamente elegidos, que hayan respetado las normas principales de la vida democrática y que no hayan ejercido ningún tipo de represión en contra de sus pueblos. La inminencia del caos, a juicio de los partidarios de los golpes de Estado que no deben llamarse de ese modo, justifican la acción de las Fuerzas Armadas. En el caso de los Estados Unidos este problema no es solamente semántico: si su gobierno lo califica como golpe de Estado, la legislación norteamericana ( en la que el caso del golpe de Estado en Chile y el apoyo de Washington al mismo fue uno de los factores de tal elaboración normativa) impide que la generosa ayuda a las Fuerzas Armadas egipcias se siga entregando. Y Egipto es un país clave para la amenazada estabilidad de Oriente Medio, para la protección de los intereses estratégicos norteamericanos en la región y para el abastecimiento de petróleo de su economía.

El debate en torno a los temas que ennumeramos al inicio de este artículo no es, como hemos visto, un simple ejercicio semántico. Apunta al núcleo de la vida democrática de cada país y como las buenas películas, resiste el paso del tiempo.

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