Reflexiones en torno al modelo populista de políticas sociales

Sindical

Guillermo Marín  Vargas

América Latina ha sido una región en la que el tema de la pobreza y exclusión ha estado en la agenda de los gobiernos a lo largo del desarrollo de sus estados nacionales. En las décadas de los 50 y 60, tras la inclusión de sectores históricamente invisibilizados a la lucha electoral, los problemas derivados de la desigualdad estructural y las asimetrías de poder entre ciudadanos, configuran las demandas y banderas de lucha de amplios sectores sociopolíticos vinculados a la izquierda, centro-izquierda y sectores nacional-populares del subcontinente.

Estos nuevos actores logran constituir mayorías electorales que les permiten acceder al poder. En su transcurrir histórico, estas nuevas élites logran generar interpretaciones y cierto relato en torno a las soluciones para disminuir los problemas antes señalados. Se produjo una generación de expresiones políticas en el poder que inauguran un ciclo de reformas sociales las que tienen como horizonte la construcción de estados que garanticen derechos civiles, políticos y sobre todo sociales.

Este primer ciclo de reformas se compone de ciertos elementos transversales: Pretende la integración social y regulación de conflictos mediante la implementación de servicios sociales universales y homogéneos. Se constituye un Estado interventor y planificador que financia y ejecuta estos programas sociales; y que a pesar de su interés por abarcar todos los sectores de la sociedad, impacta  en mayor medida a capas medias y sectores populares organizados cooptados por los actores políticos apoderados del poder estatal (Sottoli, 2002).

La nueva dinámica de relaciones sociales estadocéntrica es considerada por algunos autores bajo la denominación de populismo. La característica más relevante de este tipo de regímenes es construcción de mayorías electorales a través de la alianza entre capas medias, pequeña burguesía y sectores populares organizados en sindicatos (Paramio, 1991).

En esta nueva matriz de relaciones de poder existe una interdependencia entre el Estado, el cual necesita de los votos y el apoyo de los sectores antes señalados para llevar a cabo su programa, mientras que los actores sociales necesitan del Estado, pues les provee de acceso a información, poder político y servicios sociales. En el centro de estos regímenes está la dinámica de doble cooptación entre Estado y actores sociales organizados (Paramio, 1991).

La cooptación o clientelismo es parte fundamental del éxito electoral de los movimientos políticos que llevan adelante estos programas. No obstante, este también condiciona el cómo recepcionan los ciudadanos los programas sociales estatales. Claro está que aquellos ciudadanos con vínculo político y/o social con los sectores que apoyan a los movimientos políticos en el poder logran un mayor acceso a los beneficios de los programas. De esta forma, a pesar de que en Chile existe educación gratuita, son los sectores medios y acomodados los que se benefician en su mayoría de este derecho, dejando de lado a los sectores históricamente excluidos.

Para sostener este modelo las naciones latinoamericanas adoptaron modelos macroeconómicos que hacen énfasis en el desarrollo hacia dentro sustituyendo las importaciones por la producción nacional. En teoría, esta forma económica permitiría el desapego de las economías monoexportadoras latinas de las grandes potencias, y con ello, produciría un desarrollo industrial con formas de intercambio Sur-Sur. Toda está institucionalidad económica tiene vínculo directo con las dinámicas de poder antes descritas. El populismo latinoamericano fomenta la producción interna manteniendo cooptados a sectores de burguesía emergente, pero también estos sectores capturan al Estado, pues de ellos depende el triunfo o no del sistema.

Algunos valorizan al Estado de esta etapa como uno vigoroso y de gran envergadura. Sin embargo, para otros el Estado no era demasiado fuerte, sino que había llegado a ser demasiado grande (para sus posibilidades financieras reales) precisamente porque era demasiado débil, es decir, porque carecía de la autonomía precisa, respecto de los actores sociales, para corregir los espacios de desigualdad estructural de nuestra sociedades. El Estado no era dirigista, sino seguidista: arrastrado por la dinámica de la sustitución de importaciones, era cautivo de los actores sociales surgidos de esta, y crecía para satisfacer sus demandas, no según un proyecto autónomo de sociedad o de crecimiento económico (Paramio, 1991).

Es sabido cómo fueron los resultados de la aplicación de dicho modelo en la región. En Chile, el fin del ciclo de reformas estadocéntricas estuvo marcado por un golpe de Estado y la posterior instauración de una junta militar que aplicó un nuevo ciclo de reformas que tenían como objetivo reducir el Estado a su mínima expresión y cortar de raíz el régimen de doble cooptación. Otros países de América Latina realizaron estas reformas en contextos de crisis económicas con el retorno de la democracia.

En el contexto actual, nuestra región nuevamente ha entrado en un proceso de definiciones en este ámbito. El ciclo de reformas neoliberales ha traído; por un lado, progreso económico sostenido y estabilidad política (a excepción de algunos casos); pero por otro, no ha logrado solucionar las profundas desigualdades que los otrora movimientos políticos de los 60’s denunciaran. Esta última situación ha llevado a que la ciudadanía latinoamericana desconfíe cada vez más de sus instituciones políticas y se dé el fenómeno inverso al de modelo populista: El Estado y la política ha perdido su legitimidad.

En este contexto hay quienes han renovado el interés por generar modelos populistas y dotar nuevamente al Estado del poder suficiente para provocar el doble vínculo cooptador. Las banderas estatistas han seducido a parte de la izquierda latinoamericana, en especial, a aquellos que no han logrado superar la derrota pasada. Sin embargo, es de vital importancia reflexionar en torno a los errores del ciclo de reformas anterior y no volver -con terquedad- hacia modelos que no provocaron los resultados esperados.

Con sociedades que no sólo demandan bienes y servicios, sino que también autonomía y participación, parece poco adecuado pensar en aquel retorno. El otrora Estado grande y débil ha sido reducido en muchos casos a formas pequeñas y sin recursos de coerción para frenar abusos. Es por esto que se debe repensar desde esos mismos sectores que provocaron un cambio en la etapa anterior en cómo es posible avanzar en generar un modelo de desarrollo con una ciudadanía autónoma, un Estado fuerte (no necesariamente grande) que garantice derechos, sin embargo, que estos derechos puedan ser ejercidos por todos sin excepción, y con esto revalorar la política y sus instituciones como ejes de cambio y bienestar social.

Referencias

  • Paramio, L. (1991). El final de un ciclo y la crisis de los actores: América Latina ante la década de los 90. Revista de Estudios Políticos (Nuevo Época).
  • Sottoli, S. (2002). La política social en América Latina: diez dimensiones para el análisis y el diseño de políticas. Papeles de Población.

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